Por José Luis Arce

4 de junio, 2021

El crecimiento económico y, sobre todo en un sentido muchísimo más amplio, los procesos de desarrollo son tareas de una complejidad enorme, que van mucho más allá de la creación de espacios que, en el corto plazo, faciliten el surgimiento y la rentabilidad de actividades productivas privadas.

Aunque la frase anterior parece de Perogrullo, no en pocas ocasiones la obcecación ideológica, el inmovilismo de algunos grupos políticos y de interés y, además, la hoy inaceptable ausencia de una sólida fundamentación en la ciencia y los hechos a la hora formular las políticas públicas en ese ámbito conducen a que se desaprovechen oportunidades de intentar acciones efectivas e innovadoras, pero sobre todo integrales, sostenibles y congruentes con la multitud de objetivos – más allá de los privados, los colectivos, vinculados con protección ambiental, la resiliencia, la inclusión y la equidad – que una sociedad como la costarricense demanda del crecimiento y el desarrollo económicos.

Por estas razones, las políticas públicas de promoción de exportaciones e inversión extranjera directa, tal cual han sido concebidas desde los años 90 no resultan hoy suficientes para generar los procesos de desarrollo requeridos por la sociedad costarricense.

Aceptar este hecho pasa, primero, por reconocer que mucha agua ha pasado bajo el puente en las últimas décadas. La estructura productiva costarricense se modificó profundamente en ese lapso, principalmente, en términos de un aumento sustancial en la importancia de los sectores no transables que atienden el mercado interno, lo que diluye el impacto sobre la producción y el empleo de los sectores exportadores modernos, ya de por sí, desgraciadamente poco vinculados con el resto de la economía por la ausencia de incentivos y políticas que promuevan encadenamientos más profundos.

Como si esto no fuera poco, las brechas de todo tipo entre las actividades modernas y dinámicas se fueron acentuando – por ejemplo, en productividad y fiscalidad – y al mismo tiempo, la promesa distributiva asociada quizás ingenuamente con el simple crecimiento de la producción no terminó por concretarse, conduciendo a mayor inequidad y sobre todo a que se defraudaran las expectativas de la población en términos de ascenso social e igualdad de oportunidades, lo que ha pasado y, desgraciadamente pasará todavía más, factura a la convivencia democrática, en términos de indignación, polarización y destrucción de los espacios de interacción política.

¿Qué puede hacerse para cambiar este rumbo? El primer paso es una discusión franca y con hechos. Dejar de convertir las políticas de desarrollo productivo – entre ellas las de promoción de exportaciones y atracción de IED – en una discusión bizantina, tomada por la ideología y las dos tribus en que este país se dividió desde inicios de este siglo.

Evidentemente, la solución no es cerrarse y destruir los espacios productivos vinculados con la demanda externa; la lógica lo que demandaría es que, conocidas las debilidades y los errores de lo hecho hasta ahora, una política pública coherente en esta materia se acompañe de intervenciones gubernamentales en diversos ámbitos que permitan cerrar las brechas detectadas y se reoriente hacia la búsqueda de objetivos de largo plazo más complejos e integrales que simplemente aumentar el valor de las ventas externas.

Para lograr esto, el diseño y la implementación de las acciones gubernamentales deben tratar de superar dos de sus mayores problemas: el cortoplacismo y la ausencia de una visión integral y de coordinación entre las políticas públicas.

Lograr que las políticas en comercio exterior y promoción de inversión extranjera directa contribuyan efectivamente a las tareas del desarrollo requiere repensarlas en el largo plazo más allá de las ventajas comparativas inmediatas, de las decisiones de las empresas multinacionales o del enfoque obsoleto de clústeres, requiere crear un marco de largo plazo y sobre todo de políticas públicas integrales – fiscalidad, educación, equidad y distribución, desarrollo productivo e innovación, sostenibilidad y resiliencia – que desarrolle los incentivos para que sucedan las transformaciones necesarias que mejoren sustancialmente el bienestar.

Se ha dejado pasar mucho tiempo, en su mayor parte con discusiones estériles entre grupos de interés – de todo signo – que miran el mundo desde el privilegio; hoy se tiene una oportunidad de oro y se cuenta con las herramientas para no realizar este viaje a ciegas.

La oportunidad surge de dos retos mayúsculos: la reconstrucción post pandémica y el cambio climático, ambos demandarán acciones urgentes de política pública coherentes e integrales. Los datos y los instrumentos también existen, por ejemplo, las propuestas de largo plazo basadas en un conocimiento profundo de la estructura productiva, social y territorial del país y que, sin quedarse allí, se atreven a la prospección como es el caso de la Estrategia Económica Territorial 2020-2050 de Costa Rica.

Es el momento del liderazgo y de la responsabilidad políticos que logren encausar de una vez por todas estos esfuerzos, ni económica ni social ni políticamente podemos darnos el lujo de perder más tiempo.