Por José Luis Arce

21 de mayo, 2021

Contrario a lo que muchos pueden pensar, el camino de Costa Rica en la OECD apenas está empezando. No se me malinterprete, haber culminado con éxito el proceso de incorporación a esta organización significó, primero, un esfuerzo titánico de la administración pública – un grupo impresionante de autoridades y especialistas en decenas de instituciones gubernamentales contribuyeron, desde sus ámbitos específicos, con este logro – y, segundo, sobre todo, un ejemplo que muestra que, en torno a propuestas y políticas públicas integrales y bien diseñadas, es posible construir acuerdos y agrupar voluntades políticas suficientes para avanzar.

Pero sería un error pensar que todo acaba aquí y, muy por el contrario, obviar que apenas empieza el retador y crucial camino de poner a tono – con humildad, voluntad, integralidad y, particularmente, con conocimiento y ciencia – las políticas públicas costarricenses, con el norte puesto – como reza el motto de la organización – en mejorar la vida de las personas que habitan su territorio.

En este sentido, Costa Rica debe, por una parte, ponerse metas ambiciosas de los aspectos de sus políticas públicas que quiere transformar en el corto y en el mediano plazo: ¿Productividad? ¿innovación? ¿aspectos redistributivos? ¿desarrollo de mercados y competencia? ¿gobernanza pública? También, por otro lado, debería definir en qué ámbitos puede contribuir con su experiencia al resto de miembros de la organización, qué procesos de transformación – como país de renta media alta – puede liderar aprovechando los espacios que el multilateralismo puede abrir con el fin de convertirse en una especie de laboratorio para naciones en estadios de desarrollo similares.

¿Cómo lograrlo? Hay al menos, dos dimensiones clave para alcanzar, con éxito, que el pertenecer a la OECD se traduzca, como debiera ser, en mejores intervenciones gubernamentales y, particularmente, en más bienestar colectivo.

La primera de ellas es la dimensión institucional, el quehacer de la organización y la naturaleza amplísima de los aspectos que abarcan sus recomendaciones demandan y tornan imperativo que, para el aprovechamiento al máximo de esta oportunidad, las decisiones y el impulso para las transformaciones provengan del más alto nivel político, de la Presidencia de la República.

Dejar descansar esta crucial tarea exclusivamente en COMEX no es suficiente ni realista, dicha institución es, sin duda, un conjunto de tecnócratas competentes en materia comercial, pero no tienen ni la capacidad, ni la amplitud de miras ni la legitimidad para definir cuestiones que trascienden lo específico y que tienen que ver con la visión del país y de las políticas públicas necesarias para hacerla realidad en el largo plazo.

La segunda de las dimensiones es trascendental y es la política, la forma en cómo somos capaces de acordar y actuar en un marco de profunda y honesta convivencia democrática. Para que las transformaciones que podrían acometerse en el futuro sucedan, requieren de acuerdos básicos que trasciendan los egos y las vanidades de los liderazgos débiles, los resentimientos y las vendettas ancladas en el pasado y la devastación de las reyertas electorales sin sentido.

Es fundamental dejar, de una vez y por todas, esa visión de tribus en torno a falsos tótems e intereses creados y, sobre todo, de hordas enfrentadas, dispuestas a batirse hasta la aniquilación e incapaces de comunicarse entre ellas. Esta visión tan mezquina de la política desgraciadamente es la dominante e incluso llega a colarse hasta en los resquicios de la política pública como ha sucedido, por ejemplo, en el caso de las políticas de comercio exterior, muchas veces concebidas y convertidas en campos de batalla para esas luchas sin sentido.

Sólo si entendemos la verdadera naturaleza del juego de la convivencia democrática y ponemos la escucha y la cooperación por encima de las visiones competitivas y, especialmente, el bienestar de la mayoría sobre los intereses particulares, entenderemos que, más allá de las utopías extremas, hay un rol fundamental para el Estado en las tareas del desarrollo sostenible y de la búsqueda de la equidad y, llegados a este punto, sabremos sacar provecho verdaderamente del logro alcanzado esta semana.