Por José Luis Arce

12 de marzo, 2021

Lo inmediato, más aún en momentos en que se atraviesan momentos críticos, es un lastre muy pesado para las políticas públicas. La urgencia de responder con rapidez y eficacia a las necesidades de los habitantes, la presión generada por la opinión pública y los grupos de interés y la dimensión competitiva de la política suelen topar la agenda de los gobernantes de turno, dejándoles muy poco tiempo y espacios para pensar e imaginar el futuro.

Tampoco suelen ser de gran ayuda los marcos institucionales dentro de los cuales se construyen e implementan las políticas públicas, pues suelen, generalmente, privilegiar horizontes muy cortos al entender muchas de las intervenciones como pertenecientes a un gobierno en particular – es decir, vinculadas a la administración cuatrienal – y no como políticas de Estado de largo plazo, que requieren superar y sobrevivir a una o varias administraciones para empezar a mostrar los resultados que se proponen.

Paradójicamente, es justo cuando los gobernantes tienen menos tiempo e interés en pensar el futuro cuando la complejidad de las sociedades, de las economías y, por tanto, de los problemas por resolver requiere no sólo pensar en el largo plazo, sino que, además, echar mano de una cantidad enorme de información y conocimiento científico para poder diseñar acciones de política pública efectivas.

En esta esquizofrénica paradoja – el corto frente al largo plazo, los datos y la ciencia frente a las percepciones y los sesgos de los actores políticos – radica, quizás, una de las principales causas que explican hoy porque se defraudan tan frecuentemente las expectativas de los ciudadanos.

En este sentido, la Estrategia Económica Territorial para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2021-2050 presentada por el Ministerio de Planificación y Política Económica es una bocanada de aire fresco, al plantear un escenario sobre el cual estructurar acciones de política pública de largo plazo, construidas sobre objetivos – prosperidad material y humana, inclusión e igualdad de oportunidades y la mira en un mañana con menores disparidades territoriales, profuso empleo de herramientas digitales para la generación de valor y mejorar la calidad de vida de las personas y un crecimiento económico que logre, finalmente, desacoplarse de las emisiones contaminantes – legítimos y compartidos, basadas en datos y la mejor comprensión posible del punto de partida y de los retos hacia adelante; y, especialmente, no quedando en simples intenciones y frases vacías, sino estableciendo, una ruta y secuencia de acciones claras que conducen a esos futuros imaginados hoy para las diferentes regiones del país y, sobre todo, para sus habitantes.

Hacia adelante, la Estrategia enfrentará retos enormes, en especial políticos, como el superar la paranoia de algunos que miopemente verán en imaginar un futuro compartido – que implica, necesariamente, sacrificios y costos, y claramente beneficios, pero que se percibirán en el futuro y de forma colectiva – una perdida de tiempo, una imposición o un lastre para sus ganancias de corto plazo; los liderazgos simplones que se niegan a abrir los ojos a la complejidad de la sociedad que aspiran gobernar, la visión de Estado cortoplacista asociada con los período cuatrienales y, la inercia de las burocracias y las instituciones.

Quizás, si esta vez se aprovecha lo avanzado, se asume como una aspiración y una meta nacional y se le da seguimiento se estará en 30 años percibiendo los frutos del análisis, la previsión y las acciones y, no sucederá como hoy, que se llora sobre la leche derramada, cuando varias décadas atrás se pudo haber construido lo necesario para enfrentar mejor los retos del presente.