Por José Luis Arce

07 de agosto, 2021

El “por tanto” de la opinión consultiva que emitió la Sala Constitucional el pasado sábado volvió a poner de lleno el futuro del proyecto de Ley Marco de Empleo Público en el ámbito de lo político, lamentablemente en una coyuntura particularmente compleja y convulsa.

La posición de la Sala Constitucional – muy en línea con otra consulta clave en materia de sostenibilidad presupuestaria como fue la de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en diciembre de 2018 – asegura el espacio para que, respetando el marco constitucional, los legisladores puedan finalmente, dotar al Estado de reglas modernas que regulen sus relaciones con el funcionariado público, teniendo como objetivos potenciar el rol clave que tiene para la provisión de servicios públicos que satisfagan las demandas de la ciudadanía el contar con los recursos humanos apropiados y la promoción de la equidad y la sostenibilidad fiscal evitando la captura por parte de grupos de interés de los presupuestos de remuneraciones de las instituciones públicas.

Con el pronunciamiento del máximo tribunal constitucional, la definición del futuro de la trascendental reforma al empleo público retorna al campo de lo político en donde deberá enfrentar, al menos, dos dificultades: una feroz lucha de intereses por seguir apropiándose de rentas producto de la captura de los presupuestos públicos y la irreflexión, estrechez de miras y el oportunismo que penosamente lucen muchos actores políticos durante los meses de campaña electoral.

Quizás la razón principal por la que el alcanzar acuerdos políticos para acometer el ajuste en las finanzas gubernamentales ha sido un proceso particularmente lento y complejo es porque más que un tema de simple aritmética presupuestaria entraña una encarnizada disputa distributiva.

Con el paso de los años, diferentes grupos de interés – sindicales, empresariales y altas burocracias públicas – fueron apropiándose y extrayendo beneficios privados de los presupuestos públicos aprovechando la debilidad de los controles institucionales, una ciudadanía relativamente pasiva y el debilitamiento de los mecanismos de representación política, llamados de alguna forma a mediar entre las demandas colectivas y las presiones privadas.

En este contexto, el ajuste en las finanzas gubernamentales implica, sin lugar a duda, tomar acciones – impositivas, de gasto y de diseño institucional, como es el caso de la reforma a las reglas que regulan el empleo en el sector público – que rescaten y liberen a los presupuestos públicos del secuestro de los grupos de interés, algo que evidentemente éstos últimos combatirán a muerte a través de diferentes mecanismos como la propaganda, la protesta social y, particularmente, un intenso cabildeo y presión sobre diferentes actores políticos tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo.

La dureza – incluso irrespeto y violencia para con las instituciones, las personas y la ciudadanía, en general – y el cinismo con que se manifiestan estas presiones ha escalado sustancialmente en los últimos meses producto de dos factores: los cada vez menores espacios para posponer por más tiempo el ajuste sin que hacerlo derive en una crisis y la debilidad y erosión de los mecanismos de representación y de convivencia democráticos.

El segundo de los problemas es más coyuntural, pero igualmente penoso. Se trata del momento electoral en que tocará tomar decisiones en materia de empleo público – y, por supuesto, del resto del ajuste presupuestario en el marco del convenio con el FMI – y que ha expuesto tristemente el comportamiento irreflexivo, el desconocimiento profundo, la proximidad descarada con ciertos grupos de interés y, particularmente, el oportunismo de muchos aspirantes a la Presidencia de la República y de otros actores políticos tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo.

Las próximas semanas resultarán claves. Los espacios macroeconómicos y presupuestarios son muy limitados, a pesar de los relativamente buenos resultados de este año, por lo que el ajuste sigue resultando urgente. Hoy más que nunca es fundamental que los diferentes liderazgos políticos reflexionen sobre sus acciones recientes y se comprometan con el avance de la agenda de sostenibilidad presupuestaria, no como un fin en sí mismo, sino como la base para las políticas y acciones públicas necesarias para la recuperación post pandémica y los enormes retos que enfrentará esta sociedad en las próximas décadas.