Por José Luis Arce

2 de julio, 2021

La crítica situación de sostenibilidad de las finanzas gubernamentales es un síntoma más que la causa – como resulta siempre ser en el caso de los temas de fiscalidad – de problemas que trascienden lo macroeconómico: el ensanchamiento de los déficits presupuestarios, la peligrosa senda de crecimiento que ha seguido la deuda pública y las dificultades de alcanzar acuerdos razonables y efectivos para enfrentarlos son, finalmente, la consecuencia de una crisis profunda en el ámbito de lo político y de la convivencia democrática.

La forma en cómo se ha llegado a este punto y, en las últimas semanas, la deriva que ha tomado el debate político tradicional y la acción de los grupos de interés en torno al ajuste no hace más que evidenciar esta situación. Por tal razón, concentrarse exclusivamente en los esfuerzos de corrección de los desequilibrios de naturaleza macroeconómica puede terminar resultado insuficiente o las medidas adoptadas siendo sumamente vulnerables, si no se reconoce que los problemas reales se originaron y se encuentran, realmente, mucho más allá de la simple aritmética de los ajustes presupuestarios e impositivos.

Un punto de partida es, como sociedad, sincerarse y reconocer que tras los desequilibrios presupuestarios acumulados en los últimos 15 años subyacen principalmente, los efectos de la captura de los presupuestos públicos y del esquema de tributación por parte de grupos de presión de todo signo: burocracias estatales y sectores empresariales.

Y que en las dificultades para alcanzar soluciones efectivas y, sobretodo, justas y equitativas al problema también se encuentran los intentos egoístas e irresponsables de estos grupos para vetar – de facto, mediante el cabildeo con el poder político o a través del abuso de los espacios institucionales existentes – la toma de decisiones y defender sus prerrogativas, no sólo en desprecio de la colectividad, sino que, de manera miope, de sus mismos intereses de mayor aliento.

La discusión sobre las reformas al marco que regula el empleo público y las medidas de ajuste en el marco del convenio con el FMI han puesto en evidencia, de nuevo y con descarnada crueldad para el resto de la sociedad, esta situación. En el caso del proyecto de empleo público, altas burocracias en las universidades públicas y el poder judicial han utilizado sus espacios institucionales para boicotear, con desinformación y argumentos a todas luces falaces, las reformas; dejando en claro que sus intereses se anteponen incluso a sus deberes y responsabilidad que han sido delegadas en ellos por la ciudadanía.

Como si esto no fuese suficiente, la capacidad de los mecanismos de representación – como la Asamblea Legislativa y los partidos políticos – para lidiar con estas presiones, tratar de balancear los múltiples intereses y procurar
que los ilegítimos no capturen las políticas públicas ha dejado enormes dudas y mucho que desear.

Líderes políticos y diputados de diferentes fracciones apelando al populismo y poses cargadas de egos y un oportunismo excesivo y preocupante, han mostrado no sólo una ignorancia abismal acerca de las reformas y la necesidad de ejecutarlas, sino que, además, evidencia de una irresponsabilidad enorme al servir de cámara de resonancia a los argumentos interesados y falaces de los grupos de presión y utilizar técnicas obstruccionistas para boicotear la toma decisiones por las mayorías y, con sus posturas y votos incoherentes poner en peligro la integralidad de las medidas de ajuste y transformación estructural. Y, al igual que en el caso de los intereses creados, su desdén por el resto de la ciudadanía y su miopía son, simplemente, abrumadoras.

El panorama es particularmente crítico y desolador. El comportamiento irreflexivo e irresponsable de políticos y grupos de interés no sólo expone al país, en el mejor de los casos, a seguir sufriendo las consecuencias sobre el crecimiento, el empleo y la estabilidad macroeconómica de unas finanzas gubernamentales insolventes – y en el peor, a una crisis económica profunda – sino que, además, da las estocadas finales a la mermada confianza de los habitantes en los esquemas políticos de representación y en la capacidad del Estado para responder a sus demandas legítimas. Costa Rica no sólo arriesga una profunda crisis económica, sino que está poniendo en juego hoy, por los intereses ilegítimos de algunos, la estabilidad política y la convivencia democrática futuras.