Por José Luis Arce

30 de julio, 2021

Conforme se aproximan las elecciones de 2022, empiezan – tristemente, para la convivencia democrática y la construcción de la necesaria confianza de la ciudadanía en el pacto social – a tornarse más frecuentes e intensos los discursos oportunistas y alejados de la realidad por parte de diferentes actores políticos, tanto de los que aspiran al poder desde el Ejecutivo y Legislativo, como de los grupos de interés que, aprovechando su peso político y económico, intentan influir sobre los que asumirán posiciones de representación a partir de mayo del próximo año.

Son retóricas peligrosas, no sólo porque tras de ellos se evidencia cinismo y, particularmente, una visión competitiva de la política concentrada sólo en alcanzar el poder por el poder mismo – a pesar de que en la práctica, para el logro de objetivos colectivos legítimos ese “poder” es uno debilitado por la confrontación de los intereses particulares y la debilidad de los actores e instituciones que median entre ellos – sino porque además, con mucha facilidad de manera irresponsable esos discursos se tornan abiertamente populistas y alcanzan un tono polarizador.

En materia económica no sólo las propuestas específicas de los diferentes grupos en contienda, sino que tristemente, la discusión en torno al proceso de ajuste en las finanzas gubernamentales en el marco del acuerdo de facilidad ampliada con el Fondo Monetario Internacional están tomando justamente esa deriva irreflexiva y oportunista, pero sobre todo carente de sentido, si se levantara la mirada y se oteara el futuro cercano, para cualquiera que pretenda formar gobierno a partir de mayo del próximo año.

Muchos aspirantes a la presidencia y liderazgos, incluso de partidos políticos considerados como maduros – PLN, PUSC y PAC, por ejemplo – ha adoptado un discurso ambivalente y contradictorio en torno al convenio con el FMI y el proceso de ajuste en las finanzas gubernamentales.

Esos mensajes y acciones contienen un cóctel preocupante que incluye desconocimiento de la situación económica y presupuestaria, oportunismo electoral, captura y proximidades indebidas con grupos de interés empresariales y sindicales, incongruencias y, sobre todo, miopía al no ser capaces de entender que un proceso de ajuste en marcha y con el financiamiento que el aval que el FMI implica haría una diferencia del cielo al infierno durante los primeros 18 meses de la nueva administración.

Además de la forma del discurso – en algunos chabacano, interesado y claramente desinformado y desinformador – estar de acuerdo con el préstamo del FMI y no con la estrategia de ajuste que implica envía señales poco alentadoras de verdadero compromiso con la sostenibilidad de las finanzas gubernamentales, pues transmite el mensaje de buscar el analgésico y querer evitar el tratamiento, ciertamente doloroso económica y políticamente, que cure los males presupuestarios. Este no es, claramente, un discurso que abone a la confianza.

Al final del día, la pregunta que deberían los ciudadanos – y, por supuesto, los medios de comunicación – formular con vehemencia e insistencia a los actores políticos que adopten este tipo de irreflexivas posturas debería ser: ¿cómo piensa realistamente devolver sostenibilidad a las finanzas gubernamentales en el contexto de los desequilibrios actuales y, en especial, añadiéndoles las propuestas y promesas lanzadas en campaña?

Evitar que la respuesta a esta pregunta sea evadida o respondida con ambigüedades es vital, para que las fuerzas políticas planteen con transparencia al electorado sus posiciones reales en torno a la forma en como realizarían el ajuste para garantizar la sostenibilidad presupuestaria de las políticas públicas en los años venideros y, en especial, la forma en como pretenden que los costos del ajuste sean distribuidos entre la sociedad.